Administrativo (Sancionador)

Si el procedimiento de responsabilidad administrativa concluye con una resolución sancionadora (amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación, sanción económica), nuestra labor continúa en la etapa de impugnación:

Interposición de Recursos Administrativos: Presentando los recursos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en las leyes locales aplicables, para que una instancia superior revise la legalidad y fundamención de la sanción.

Promoción de Juicios de Nulidad ante Tribunales Administrativos: Si el recurso administrativo es desfavorable o la ley no contempla uno adecuado, iniciamos un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (para casos federales) o los Tribunales de Justicia Administrativa locales (para casos estatales o municipales). Aquí se busca que un juez imparcial revise la actuación de la autoridad y, si encuentra ilegalidades, declare la nulidad de la sanción.

Promoción de Juicios de Amparo: Como última instancia, si la resolución del Tribunal Administrativo o la sanción directa violan derechos fundamentales, interponemos un juicio de amparo para que la justicia federal revise la constitucionalidad del acto.

¿Por qué contratarnos? Una sanción administrativa tiene graves consecuencias para su futuro profesional y personal. Nuestros abogados son expertos en las diversas vías de impugnación, luchando con tenacidad para revertir resoluciones injustas o desproporcionadas, defendiendo su derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso.

Una vez que la investigación concluye y se determina la probable responsabilidad, el proceso avanza a la etapa de procedimiento de responsabilidad administrativa. En esta fase, nuestro rol como defensores se intensifica:

Presentación de escritos de contestación: Formulando los argumentos de defensa ante el pliego de observaciones o el informe de presunta responsabilidad administrativa.

Ofrecimiento y desahogo de pruebas: Proponiendo y presentando todas las pruebas pertinentes (documentales, testimoniales, periciales) para desvirtuar las imputaciones y probar la inocencia del servidor público.

Participación activa en audiencias: Interrogando y contrainterrogando a testigos, así como exponiendo alegatos orales ante la autoridad substanciadora y resolutora.

Negociación de acuerdos: En ciertos casos y si la ley lo permite, buscar acuerdos que beneficien al cliente, como la terminación anticipada del procedimiento o el reconocimiento de una falta menor.

¿Por qué contratarnos? Esta etapa es decisiva, pues se definirá si existe o no responsabilidad. Nuestros abogados tienen la experiencia litigiosa necesaria para construir una defensa robusta, presentando pruebas contundentes y argumentos sólidos que defiendan eficazmente su inocencia y eviten sanciones severas, como la destitución o la inhabilitación.

La actividad central en el Derecho Administrativo Sancionador es la asesoría y defensa de servidores públicos que son objeto de investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por los Órganos Internos de Control (OIC) en cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal). Estas investigaciones buscan determinar si hubo faltas administrativas, ya sean graves o no graves, que ameriten una sanción. Nuestras actividades incluyen:

Acompañamiento desde la fase de investigación preliminar: Asesorando al servidor público desde el primer requerimiento de información o citación, garantizando que sus derechos (como el de no autoincriminación) sean respetados.

Análisis exhaustivo del expediente de investigación: Revisando cada documento, prueba y testimonial que la autoridad investigadora haya recabado.

Preparación de declaraciones y comparecencias: Asistiendo al servidor público en la formulación de sus respuestas y la presentación de su versión de los hechos.

Identificación de vicios procesales: Buscando irregularidades en la cadena de custodia de la evidencia, plazos, competencia de la autoridad, y cualquier violación al debido proceso que pueda derivar en la nulidad de la investigación o el procedimiento.

¿Por qué contratarnos? Ser objeto de una investigación por el OIC puede poner en riesgo su carrera y su patrimonio. Nuestros abogados son especialistas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la mecánica de las investigaciones internas, brindándole una defensa proactiva y estratégica desde la etapa más temprana para proteger su integridad y su empleo.